Santo Domingo, República Dominicana.- El Gobierno dominicano, por instrucciones del presidente Luis Abinader, ha entregado al Ministerio Público un informe preliminar que pone de manifiesto graves irregularidades administrativas y financieras en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Entre los hallazgos señalados se incluyen:
La autorización y facturación de procedimientos médicos que nunca fueron realizados, utilizando identidades reales de afiliados. Existencia de un “call center paralelo” operado por exempleados de la institución, para tramitar aprobaciones irregulares de servicios médicos. Pérdidas estimadas en cientos de millones de pesos, y un déficit acumulado que supera los RD$3,300 millones.
Respuesta oficial y medidas adoptadasEl presidente Abinader ha clamado por transparencia, institucionalidad y ha reiterado su política de tolerancia cero frente a la corrupción.
El informe ha sido depositado ante la Procuraduría General de la República, bajo responsabilidad de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, para que actúe conforme al mandato constitucional y legal.
Se ha asegurado que los servicios de salud para los afiliados continuarán prestándose con normalidad, y que las investigaciones buscan aclarar responsabilidades de funcionarios, exempleados y proveedores implicados.
Reacciones y repercusionesVarios sectores de la sociedad civil, juristas y medios de comunicación respaldan la decisión de enviar el informe a la Procuraduría, destacando que esta acción es un paso importante en la lucha contra la impunidad.
El exdiputado de la Fuerza del Pueblo Henry Merán ha calificado el caso como “preocupante y alarmante”, mencionando que el presunto desvío de recursos alcanza aproximadamente los RD$780 millones.
Afiliados de SeNaSa han expresado preocupación por la calidad y continuidad de los servicios, así como por el uso de sus datos personales para autorizar servicios fraudulentos.
ConclusiónEl escándalo en SeNaSa representa no solo un problema administrativo y financiero, sino un desafío para la confianza pública en las instituciones de salud del Estad.
La investigación en curso determinará quiénes son los responsables, y qué sanciones aplicarán, así como cuáles medidas estructurales se implementarán para evitar que se repita un caso similar.
